Por Vicente Gutiérrez Peinador. Secretario general de Primigea.

Hace tan solo unos días, en el marco del debate sobre el futuro energético de España, se afirmó, públicamente y por parte de fuentes oficiales, que nuestro país carece de yacimientos de uranio. Desde Primigea, sin ánimo de avivar la polémica ni entrar en un debate mucho más amplio sobre las decisiones estratégicas relativas al mix energético nacional, creemos que es necesario matizar esta afirmación. Nuestro objetivo es evitar que se consolide en el debate público una idea errónea sobre la realidad de esta materia prima en nuestro país.

En este sentido, estamos seguros de que España dispone de importantes recursos de un uranio que, además, tiene una calidad contrastada. De hecho, durante décadas, fuimos el segundo productor en Europa de este mineral gracias a explotaciones ubicadas principalmente en Salamanca y Badajoz. Es más, según el Libro Rojo del Uranio de la Agencia Internacional de la Energía, se estiman unas reservas de uranio de 34.400 toneladas en nuestro territorio. Así, no solo contamos con yacimientos de esta materia prima en nuestro país, sino que también poseemos tanto el conocimiento técnico como con la tecnología necesaria para su tratamiento. De hecho, la planta de fabricación de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca) continúa suministrando este combustible a la mayoría de nuestras centrales nucleares, aunque lo haga actualmente con material importado.

Por si estos datos no fueran suficientes, el catastro minero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge siete derechos mineros de uranio activos o en trámite, distribuidos en otras provincias tales como Badajoz, Cáceres, Córdoba y Barcelona.

Entonces, ¿por qué no se explota el uranio nacional? La respuesta está en el artículo 10 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética que prohíbe nuevas solicitudes de exploración, investigación y explotación de minerales radiactivos. Recordemos, en este sentido, que esta disposición fue incorporada vía enmienda parlamentaria y no formaba parte del texto original del anteproyecto. Con esta decisión España se suma a una lista muy limitada de territorios —entre los que se cuenta Groenlandia, y algunas provincias australianas o canadienses— donde existe una prohibición explícita de la minería de uranio.

La normativa española en este aspecto es, pues, una excepción internacional y puede tener consecuencias no deseadas sobre nuestra soberanía energética. En este sentido, desde Primigea, siempre hemos defendido que la seguridad ambiental y la protección de las personas pueden garantizarse mediante mecanismos más sofisticados que por medio de una prohibición general.

Un ejemplo claro es el caso de la empresa Berkeley Minera España, de capital australiano, que tras diez años de trámites ha visto rechazado su proyecto de explotación de uranio en Retortillo (Salamanca). Un contencioso que, actualmente, está siendo objeto de un arbitraje internacional.

Todo ello nos lleva a una conclusión ineludible: España tiene uranio, cuenta con la tecnología precisa para su tratamiento y posee una industria capaz de procesarlo. Lo que nos falta, en este caso, es la autorización necesaria para investigar sobre los yacimientos de este material con los que contamos en nuestro subsuelo y para aprovechar este recurso. Por tanto, no se trata de una ausencia física del mineral, sino de una renuncia voluntaria a explotarlo plasmada en una decisión política explícita.

En un contexto en el que, desde la Unión Europea, se apuesta por la autonomía estratégica y por la valorización de los recursos propios, en Primigea estamos convencidos de que no podemos permitirnos el lujo de ignorar el potencial energético que yace en nuestro subsuelo.