La Comisión Europea ha presentado el 6 de octubre una propuesta de nuevo Reglamento sobre normalización europea, que sustituiría al actual Reglamento (UE) nº 1025/2012. La iniciativa busca modernizar el sistema europeo de normalización y convertirlo en una herramienta más ágil para el mercado interior, la competitividad, la innovación y la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Entre los principales retos identificados por la Comisión se encuentran los largos plazos para desarrollar normas armonizadas, la insuficiente participación de determinados actores —especialmente pymes, startups, organizaciones de la sociedad civil y agentes de investigación e innovación—, la sostenibilidad financiera del sistema y la pérdida de influencia europea en la normalización internacional. Según la evaluación realizada por la Comisión, el desarrollo de una norma armonizada requiere actualmente una media de seis años.

Para responder a estos desafíos, la propuesta introduce mecanismos destinados a agilizar y flexibilizar la elaboración de normas, reforzar la participación de los distintos grupos de interés y mejorar la coordinación europea en los organismos internacionales de normalización. Entre las novedades destaca la posibilidad, en determinadas circunstancias, de recurrir a organizaciones de desarrollo de normas distintas de CEN, CENELEC y ETSI, así como el establecimiento de requisitos para garantizar el acceso libre a las normas referenciadas que apoyan la legislación y las políticas de la Unión.

La reforma tiene especial relevancia para la industria europea y las materias primas, ya que las normas técnicas desempeñan un papel esencial en la aplicación de la legislación, la comercialización de productos, la interoperabilidad y la reducción de costes de cumplimiento. La Comisión subraya además su importancia para ámbitos como la descarbonización, la economía circular y la gestión sostenible de los recursos, elementos directamente relacionados con la transformación y competitividad de las industrias de materias primas.

Desde Primigea, se seguirá con atención la evolución de esta propuesta y su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, por su potencial impacto sobre el marco normativo y la competitividad de la industria española de las materias primas.