El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado, el pasado 10 de noviembre, el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado para el periodo 2026-2033, que contempla 22 medidas destinadas a incorporar progresivamente criterios ambientales en la contratación pública. Entre sus principales novedades destacan la creación de una base de datos de emisiones de materiales de construcción, la incorporación de la huella de carbono en los procedimientos de contratación y el impulso del uso de materiales reciclados y materias primas secundarias en la obra pública.

La contratación pública representa aproximadamente el 11,5 % del PIB español y cerca del 25 % del gasto público, lo que la convierte en una herramienta estratégica para favorecer la transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. En este contexto, el nuevo Plan, que da continuidad al desarrollado durante el periodo 2018-2025, pretende reforzar la contribución de las administraciones públicas a la descarbonización, la adaptación al cambio climático y la economía circular.

El objetivo es que, al finalizar su vigencia en 2033, se valore la incorporación de al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito de aplicación, que se amplía a las entidades públicas empresariales y agencias estatales.

Una de las principales novedades es la previsión de elaborar una base de datos centralizada de materiales de construcción, que recopile los factores de emisión de los productos constructivos representativos de, al menos, el 70 % del volumen medio de obra pública estatal.

Asimismo, el Plan contempla impulsar progresivamente el uso de la huella de carbono de productos y servicios como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución de los contratos públicos, cuando resulte viable. Para ello, se estudiará la creación de un repositorio estatal de huella de carbono de producto, basado en valores verificados y normalizados.

Otra de las líneas prioritarias es el fomento de la economía circular en la contratación pública, mediante la incorporación de criterios relacionados con el coste del ciclo de vida de los productos, su durabilidad y el aprovechamiento de los recursos. En particular, se promoverá el uso de materiales reciclados y materias primas secundarias en los contratos de obras y concesiones de obra pública, favoreciendo la valorización de los residuos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales.

El Plan también incorpora medidas para reforzar la adaptación de las infraestructuras al cambio climático, entre ellas el desarrollo de un denominado «test climático», destinado a facilitar la integración de criterios de resiliencia en los grandes contratos de obras, concesiones y servicios de redacción de proyectos.

En conjunto, el Plan se articula en seis líneas de actuación y 22 medidas, que incluyen la formación de los empleados públicos, la creación de una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público y la transformación del actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva.

EL nuevo Plan reviste especial interés por su potencial incidencia en los requisitos ambientales aplicables a los materiales utilizados en la obra pública. Desde el sector se realizará un seguimiento de las medidas de desarrollo del Plan, particularmente de las metodologías de cálculo, las bases de datos de emisiones y los futuros modelos de pliegos, para asegurar que los criterios ambientales se fundamenten en información verificable y en evaluaciones adecuadas del ciclo de vida, evitando requisitos que puedan generar distorsiones injustificadas en la competencia.