La escalada de los precios de la energía, provocada por la crisis geopolítica en Oriente Medio, continúa agravando la situación de la industria manufacturera española. Según las últimas estimaciones de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, de la que forma parte Primigea, los sobrecostes acumulados del gas y la electricidad alcanzarán los 8.900 millones de euros al cierre de 2026, frente a los 7.400 millones previstos en septiembre.

Esta revisión al alza, que supone un incremento de aproximadamente el 20%, refleja el rápido deterioro de las condiciones energéticas para las empresas industriales, especialmente aquellas con procesos productivos intensivos en consumo de energía.

Del impacto total previsto, 4.900 millones de euros corresponden al encarecimiento del gas y otros 4.000 millones al aumento de la factura eléctrica. La volatilidad de los mercados energéticos y los elevados precios del gas natural licuado (GNL) están incrementando significativamente los costes de producción y poniendo en riesgo la competitividad de numerosos sectores estratégicos.

Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, advierte de que la situación se está agravando a un ritmo superior al previsto, con 1.500 millones de euros adicionales en sobrecostes en apenas unas semanas, y reclama una respuesta urgente para evitar que la crisis comprometa inversiones, la actividad industrial y el empleo.

El consumo industrial de gas cae un 31% respecto a los niveles anteriores a la crisis

La preocupación del sector se ve reforzada por los últimos datos del Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG), elaborado por Enagás. En septiembre de 2026, el consumo industrial de gas registró una caída interanual del 9,4% y se situó un 31% por debajo de la media del periodo 2018-2021. En el conjunto del año, el descenso alcanza el 27% respecto a ese mismo periodo de referencia.

Según la Alianza, esta reducción no se ha visto compensada por un aumento equivalente del consumo eléctrico ni de otras fuentes energéticas descarbonizadas, lo que apunta a una contracción de la actividad industrial.

A esta situación se suma el encarecimiento del mercado eléctrico, cuyos precios y costes asociados a los servicios de ajuste están incrementando considerablemente la factura de las empresas. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y de Red Eléctrica reflejan la presión creciente sobre los consumidores industriales.

La Alianza reclama seis medidas urgentes para proteger la industria

Ante el agravamiento de la crisis energética, la Alianza considera imprescindible que el Gobierno de España y las instituciones de la Unión Europea adopten nuevas actuaciones para reducir el impacto de los costes energéticos y evitar cierres prolongados de instalaciones o posibles ajustes de empleo.

Entre las medidas solicitadas destacan:

  • Compensaciones para las industrias gasintensivas, mediante mecanismos de apoyo que permitan afrontar el incremento excepcional del precio del gas y la adaptación del marco europeo de ayudas de Estado.
  • Reducción del Impuesto Especial Eléctrico al 0,5%, el mínimo permitido por la normativa europea, con carácter estructural para la industria.
  • Adelanto al 1 de enero de 2027 de la reducción al 0% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, inicialmente prevista para 2028.
  • Reducción de los sobrecostes de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, mediante compensaciones parciales a la industria o modificaciones en su sistema de financiación.
  • Prórroga durante 2027 de la reducción del 80% de los peajes eléctricos para consumidores electrointensivos, valorando su establecimiento con carácter permanente.
  • Incremento de las ayudas por costes indirectos de CO₂, hasta alcanzar los máximos permitidos por la normativa europea.

La Alianza considera que estas medidas son esenciales para evitar que las empresas españolas compitan en condiciones de desventaja frente a otros países europeos que disponen de mecanismos de apoyo más sólidos y estables.

La industria española no puede asumir en solitario un incremento de costes energéticos de esta magnitud y reclama una actuación inmediata y coordinada de las administraciones públicas para preservar la capacidad productiva, el empleo y la autonomía estratégica industrial.

La evolución de los precios energéticos durante los próximos meses será determinante para la continuidad de numerosas actividades industriales y para el mantenimiento de la competitividad de la industria española en los mercados internacionales.