La Alianza por la Competitividad de la Industria Española defiende la eliminación del impuesto sobre el valor de producción de la energía (IVPEE), dado que incrementa un 7% el precio mayorista, el cual es repercutido al consumidor eléctrico industrial. El IVPEE supone una carga de cerca de 1.100 millones de euros anuales para los contribuyentes del sistema eléctrico, aunque desde su adopción ha alcanzado picos de 1.600 millones. En un escenario en el que, además, ayer mismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que el sector eléctrico registró un superávit de 3.902,9 millones de euros en el ejercicio de 2023, superando en 3.600,4 millones la previsión inicial de superávit para el ejercicio (+302,5 millones).

“Mantener este impuesto equivale a restar competitividad a la industria española frente al resto de Estados miembro de la UE, puesto que ninguno de ellos tiene implantado un gravamen similar. La supresión del IVPEE contribuiría a preservar la competitividad de la industria manufacturera española intensiva en electricidad”, afirma Carlos Reinoso, portavoz de la 2

Alianza, para quien “es necesario eliminarlo definitivamente del sistema y ofrecer una señal precisa y a largo plazo a los inversores industriales”.

El objetivo inicial de este impuesto, establecido en 2012, se dirigía a armonizar el sistema fiscal con un mayor compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, según Carlos Reinoso, a fecha de hoy, con un mix eléctrico que difiere profundamente del que operaba en España en aquel momento, “la existencia del IVPEE puede incluso dificultar el cumplimiento de dichos objetivos, al plantear barreras a la electrificación. Suprimirlo facilitaría la descarbonización de una parte de la demanda manufacturera sirviendo de palanca adicional para la electrificación asociada a la transición energética de los sectores productivos”, explica.

Por otra parte, es necesario señalar que los sectores empresariales e industriales siempre han planteado que los objetivos sociales o medioambientales, los sobrecostes en la tarifa eléctrica derivados de decisiones políticas, así como las medidas impositivas asociadas, deben alcanzarse o satisfacerse a través de otros canales distintos de la factura energética, como por ejemplo se hace ya, en cierta medida, con la mitad de los costes de los territorios no peninsulares.