La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Ley Europea de Innovación (European Innovation Act) destinada a facilitar el desarrollo, la financiación y el crecimiento de las empresas innovadoras en Europa. La iniciativa, presentada el 9 de septiembre, busca reducir la fragmentación normativa entre los Estados miembros y evitar que tecnologías e ideas desarrolladas en la UE terminen creciendo y generando valor económico fuera de Europa. La propuesta se enmarca en la estrategia europea para startups y scaleups y en las medidas de la UE para reforzar su competitividad y autonomía tecnológica.

Uno de los principales ejes de la propuesta es mejorar el acceso a financiación de las empresas innovadoras mediante una mayor utilización de la propiedad intelectual. Bruselas plantea establecer un marco común europeo para valorar activos como patentes y otros derechos de propiedad intelectual, además de crear un mercado digital que conecte a compradores y vendedores. Según las estimaciones recogidas en la propuesta, estas medidas podrían movilizar alrededor de 10.200 millones de euros anuales de financiación adicional mediante capital riesgo y deuda respaldada por propiedad intelectual.

La Comisión propone también establecer un procedimiento común para la contratación pública de investigación y desarrollo (I+D), con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica, facilitar las compras conjuntas entre distintos Estados miembros y acelerar la llegada al mercado de nuevas tecnologías. Las estimaciones de Bruselas apuntan a que estas medidas podrían generar ahorros de unos 1.000 millones de euros anuales para los compradores públicos y unos beneficios adicionales para las empresas de 25.920 millones de euros al año.

En paralelo, la Comisión plantea un marco europeo común para los denominados “sandboxes” regulatorios, entornos controlados en los que empresas, investigadores y administraciones pueden probar temporalmente nuevos productos, servicios y tecnologías bajo supervisión de las autoridades. Con ello, Bruselas pretende reducir la incertidumbre regulatoria y facilitar que las innovaciones puedan probarse y escalarse dentro del mercado europeo, especialmente en ámbitos que todavía no cuentan con un marco específico en la legislación de la UE.